Retrato de la impunidad:
Las subjetivas nocturnas de un auto circulando en la Gral. Paz, internándose y rondando luego por el conurbano bonaerense, introducen una dosis de inquietud que nos retrotrae ya a épocas nefastas de nuestro país con los famosos Falcon verdes. Esto ya marca un tono sórdido y siniestro de policial oscuro. ¿Quién mato a mi hermano? (2019), documental de los realizadores argentinos Ana Fraile y Lucas Scavino, toma como eje el paradigmático caso de Luciano Arruga en materia de vulnerabilidad de los derechos humanos en democracia.
Luciano era un joven de 16 años, de condición humildes, que recibió reiterados aprietes por parte de la policía bonaerense. El documental abre con el testimonio de su hermana Vanesa en el juicio realizado en el año 2015 contra el policía Torales por torturas hacia Luciano, quien fue severamente golpeado en el año 2008 en el destacamento policial de Lomas del Mirador, creado para brindar seguridad al barrio acomodado de la zona. Por esta causa el policía fue condenado a 10 años de prisión.
A partir de aquí, Vanesa se constituye en el personaje principal que, con su fortaleza, motoriza y sostiene la película, incomodando e interpelando al poder policial, judicial y político, como otrora lo hicieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Es que los casos de violencia policial en democracia, son la continuidad de lo más rancio de las fuerzas de seguridad que operaban durante la dictadura en los grupos de tareas. Los directores se alejan del clásico documental con testimonios de diferentes especialistas e intervinientes en torno al caso, para optar por la interesante perspectiva de meterse de manera observacional en la intimidad del periplo que sus familiares y allegados llevan adelante desde hace años en busca de verdad y justicia por la desaparición forzada de Luciano desde el 1º de febrero de 2009. La hipótesis es que esa noche Luciano fue detenido por un patrullero, que no siguió su destino programado, como represalia por haberse negado a realizar “trabajos” para la policía local. En el año 2014, sus restos fueron encontrados en el Cementerio de la Chacarita enterrado como NN, luego de ser atropellado por un automóvil tras ser liberado en la Avda Gral Paz.
De este modo, somos testigos de la lucha de Vanesa, bregando ante el fiscal, los jueces y funcionarios políticos en alianza con organizaciones de Derechos Humanos (donde Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas hacen acto de presencia) e incluso ante la sede en la ONU en Suiza, para obtener respuestas en este caso de violencia institucional. También vemos cómo son los propios familiares y amigos los que debe ponerse al hombro prácticamente la investigación tratando de dar con pruebas de lo que sucedió, ante la burocracia y desidia del poder judicial, y como deben alzar su voz en los medios de comunicación y organizarse realizando diversas marchas para que el caso no quede en el olvido ni cajoneado.
La desaparición forzada y muerte de Luciano Arruga al día de hoy continúa impune. Esto deja tristemente al descubierto la soledad de los familiares cuando son tocados de cerca por hechos que conciernen a la justicia penal, la fragilidad de los derechos civiles de las personas en situación de vulnerabilidad, la justicia sesgada que generalmente responde por los ricos y la responsabilidad de los gobiernos que sostienen políticas de mano dura, intolerancia con la protesta social y de criminalización de la pobreza en nuestro país. Y aún más, que no haya justicia, no es sin consecuencias, ya que esto mismo es lo que no permite a los familiares poder sanar las heridas y realizar el duelo ante estos sucesos violentos que cambian para siempre la vida de la familia. Como manifiesta Vanesa, lejos de tener paz, su corazón se ha endurecido y sólo le queda hacer de la muerte de su hermano, causa para que esto no le suceda a ningún pibe más.
¿Quién mato a mi hermano? es un documental que muestra la terrible y desoladora realidad de la impunidad en nuestro país y el poco respeto y valor que el poder policial, judicial y político le dan a la vida de las personas. Frente a esta indolencia institucional, el documental se vuelve absolutamente necesario, para sostener la memoria, la verdad y la justicia y para que el otro lado de la Gral. Paz, sea un lugar más luminoso donde no haya más argentinos tratados con saña y desprecio por su ideología política o situación de precariedad social.
